El Decreto 70/23 " Bases para la reconstrucción de la economía argentina" sigue vigente. ¿Qué esperan los legisladores radicales para derogarlo?

El Decreto 70/23 " Bases para la reconstrucción de la economía argentina" sigue vigente. 

¿Qué esperan los legisladores radicales para derogarlo?


Aunque muchos ya lo hayan olvidado porque la discusión sobre la denominada Ley Bases dominó la información pública de los últimos meses, el Decreto 70/23 sigue vigente.





El Decreto 70/23 de Necesidad y Urgencia (DNU) está estrechamente vinculado con la llamada "Ley de Bases" en el contexto de la legislación argentina. Para comprender esta relación, es importante entender primero qué son estas normativas y cómo interactúan dentro del marco jurídico del país.


Decreto 70/23 de Necesidad y Urgencia


El Decreto 70/23 es una norma emitida por el Poder Ejecutivo Nacional que modifica, reemplaza o deroga disposiciones legales existentes sin la aprobación previa del Congreso. En la Argentina, los DNU están contemplados en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, y su emisión está reservada para situaciones excepcionales de necesidad y urgencia que no permitirán demora en el proceso legislativo ordinario.


La "Ley de Bases"


La "Ley de Bases" hace referencia a un concepto histórico y legislativo en la Argentina, que en contextos contemporáneos se relaciona con leyes fundamentales que establecieron principios generales o marcos regulatorios amplios sobre los cuales se desarrollaron regulaciones específicas. Este tipo de leyes tienen como objetivo establecer nuevas bases para la legislación posterior, delegando al Poder Ejecutivo la facultad de reglamentar aspectos detallados. 

En el contexto específico del Decreto 70/23, se refiere a la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Esta ley, promulgada en 1992 durante el menemismo, establece el marco general para la administración financiera del sector público y delega ciertas facultades al Poder Ejecutivo para gestionar el presupuesto y la administración fiscal.

Este proyecto de ley constituye una falacia que, con argumentos engañosos, intenta implantar un nuevo régimen jurídico despiadado e injusto para la mayoría de los argentinos, en contradicción con lo establecido en nuestra Constitución Nacional.

Por otra parte se observa falta de rigurosidad técnica y ausencia de argumentos jurídicos sólidos que respalden las reformas propuestas en él.



Relación entre el Decreto 70/23 y la "Ley de Bases"


1. Delegación de Facultades: La Ley N° 24.156 establece un marco para la administración financiera del sector público y permite que, bajo ciertas condiciones, el Poder Ejecutivo emita normativas adicionales o reglamentarias. El Decreto 70/23 se emite en el contexto de esta ley, utilizando la facultad del Ejecutivo para intervenir directamente en la administración fiscal sin la intervención inicial del Congreso.
La UCR, por principios, nunca ha votado Delegación de Facultades al Poder Ejecutivo Nacional. Tampoco debería hacerlo en esta oportunidad. 

2. Contraposición Constitucional : Aunque la Ley N° 24.156 permite cierta flexibilidad al Ejecutivo, el Decreto 70/23 ha sido criticado por exceder estas facultades, infringiendo el principio de separación de poderes establecido en la Constitución Nacional. No respeta los límites impuestos por la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Suprema en cuanto a la necesidad y urgencia requeridas para emitir el DNU.

3. Contexto de Necesidad y Urgencia: El Decreto 70/23 utiliza el marco de la "Ley de Bases" para justificar su emisión bajo la premisa de necesidad y urgencia. Sin embargo, la crítica principal es que el contexto en el que se emitió no cumple con los estrictos requisitos de urgencia y necesidad real que justifican el uso de un DNU en lugar del proceso legislativo normal.

En resumen, el Decreto 70/23 se ampara en el marco de la Ley de Bases de la Administración Financiera para justificar su emisión bajo el criterio de necesidad y urgencia. Sin embargo, su validez y constitucionalidad han sido objeto de debate porque no cumple con los requisitos necesarios para evitar el proceso legislativo ordinario y no respeta los principios establecidos por la Constitución Nacional. 

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