El Decreto 3498/16: Una carga injusta para los municipios y un riesgo ambiental latente

La delegación de responsabilidades ambientales sin recursos ni competencia técnica adecuada pone en peligro a las comunidades y expone la ineficacia del control estatal.

El Decreto 3498/16, emitido por el gobernador Gustavo Bordet en su momento, obligó a los municipios de Entre Ríos a otorgar certificados de aptitud ambiental para proyectos industriales y areneras, incluso fuera de su propio ejido municipal. Esta medida, en teoría destinada a descentralizar la gestión ambiental, ha resultado ser una carga desproporcionada para los municipios, los cuales carecen de los recursos y de la preparación técnica necesarios para asumir tales responsabilidades.
En lugar de reforzar el control ambiental a nivel provincial, el decreto transfirió obligaciones complejas a los gobiernos locales, muchos de los cuales no cuentan con personal capacitado para evaluar adecuadamente los estudios de impacto ambiental que se les presentan. El caso de Villa Elisa es ilustrativo: aunque el municipio tuvo que recurrir a acuerdos con universidades y crear una oficina técnica para cumplir con estas obligaciones, la falta de apoyo financiero y técnico por parte del Estado provincial ha sido evidente.
El problema se agrava al considerar que muchos de los funcionarios responsables de firmar estos certificados carecen de la formación adecuada, lo que pone en entredicho la validez de los permisos otorgados. Además, la falta de incumbencia de algunos de estos funcionarios para aprobar estudios de impacto ambiental crea un vacío legal y ético, ya que se están autorizando actividades potencialmente peligrosas sin el rigor necesario.
Las consecuencias de esta delegación irresponsable son palpables en municipios como Gualeguay y Enrique Carbó, donde los residentes han reportado un aumento preocupante de problemas de salud graves vinculados a la contaminación industrial. La situación ha llegado a un punto crítico, con denuncias penales en curso e indiferencia por parte de las autoridades provinciales, quienes se limitan a derivar responsabilidades sin tomar medidas efectivas.
En un artículo periodístico de su autoría, el Dr. Ricardo José Luciano manifestó que el Señor Gobernador sabe de lo que pasa, porque le hizo llegar un informe sobre los problemas graves de salud y lo que pasa en las areneras del sur de la provincia que roban agua subterránea a los entrerrianos para lavar la arena.
El Decreto 3498/16, lejos de cumplir con su objetivo de mejorar la gestión ambiental, ha evidenciado las fallas estructurales en el sistema de control ambiental en la provincia de Entre Ríos. Urge una revisión profunda de esta normativa y una mayor implicación del Estado provincial para garantizar que la protección del medio ambiente no dependa de la buena voluntad o de los escasos recursos de los municipios. 

La contaminación y sus devastadoras consecuencias no pueden seguir siendo ignoradas; es hora de que se asuman las responsabilidades correspondientes.